La iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista fue aprobada por unanimidad ayer miércoles 4 de mayo en la Comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía con el siguiente texto:
“El Parlamento de Andalucía manifiesta su apoyo y ve necesario que se garantice el acceso de las mujeres a la estiba y desestiba en el Puerto de Algeciras, a fin de dar cumplimiento al principio de igualdad de género, conforme a la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y a la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía”.
La parlamentaria socialista algecireña, Rocío Arrabal, muestra su satisfacción por la unidad de todos los grupos políticos en el Parlamento andaluz en la lucha por la igualdad de género y oportunidades entre mujeres y hombres, apoyando la iniciativa del Grupo Socialista llevada hoy en la Comisión de Fomento.
El Grupo Socialista se ha reunido en varias ocasiones con la plataforma de mujeres y les ha manifestado su apoyo y también les ha transmitido que en todo caso deberán acudir a los organismos competentes para que sean efectivas sus demandas y no queden en papel mojado. Por lo que no compartimos la iniciativa de IU que solo pretende crear confusión y crear unas expectativas a sabiendas de que no tienen ningún recorrido, ya que no están bien formuladas, y en modo alguno ayudarán a que las mujeres de Algeciras puedan acceder a la estiba, como es el deseo del Grupo Socialista, sino a crear un clima de confrontación y crispación en nuestra localidad.
Por lo tanto, ratificamos nuestra abstención a la iniciativa presentada por IU relativa a instar a la Autoridad Portuaria del Puerto de Algeciras a incluir en el orden del día de una próxima reunión el tema de la falta de mujeres estibadoras, porque estando de acuerdo en el fondo, desde luego no podemos instar en la Comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía una cuestión que compete a un organismo del Estado y no dependiente de la Junta de Andalucía. Además entendemos que ya está actuando en ese sentido el Defensor del Pueblo Estatal y que debe resolver el Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento.
