El portavoz del Grupo Socialista, Fran Fernández, lamenta durante el pleno ordinario de este jueves las consecuencias de que se sigan “pidiendo préstamos para pagar otros préstamos, no para invertir en la ciudad, cada día más abandonada y con los servicios públicos más deteriorados”.
El Grupo Municipal Socialista ha mostrado durante el pleno ordinario de este jueves, 30 de marzo, su preocupación por la situación de quiebra económica en la que se encuentra el Ayuntamiento de Algeciras, y que ha vuelto a quedar en evidencia al presentar el equipo de gobierno municipal la liquidación de los presupuestos de 2022.
Tal y como ha dejado claro el portavoz socialista, apoyándose en diversos informes de la intervención municipal, la liquidación refleja que es falso que haya superávit: lo que hay son 16 millones anuales de déficit, y una deuda financiera, cifrada actualmente en más de 237 millones y medio de euros, que “supone un endeudamiento del 226% sobre los recursos ordinarios, casi el doble del límite legal máximo permitido”.
“Lo peor no es sólo que nieguen la realidad, sino que están pidiendo préstamos para pagar otros préstamos, no para invertir en la ciudad, que está cada día que pasa más abandonada y con los servicios públicos más deteriorados”, ha advertido Fernández, insistiendo en que si no fuese por los recursos supramunicipales del Gobierno, los fondos europeos y la Diputación, la situación sería aún mucho más insostenible.
El portavoz socialista ha explicado, con ejemplos fácilmente comprensibles, que la liquidación del Ayuntamiento no es un problema presupuestario, sino un reflejo de la “desastrosa gestión económica” del alcalde, José Ignacio Landaluce y su concejal de Hacienda, María Solanes, que han provocado una deuda “histórica” de más de 250 millones de euros en las arcas municipales. “De lo que se trata no es de anunciar partidas que no se piensan cumplir, sino de gastar mejor, de tener mayor transparencia y de no presentar un presupuesto que no es real, y que a base de transferencias de créditos y de dar de baja inversiones, han convertido en una mentira a los ciudadanos”, les ha reprochado en otro momento de su intervención.
Tal y como recogen los documentos, y así lo ha detallado también Fran Fernández, “aparece una cantidad mayor en el apartado de obligaciones que en el de derechos reconocidos; es decir, que ustedes gastan mas que ingresan… ¿Y cómo es que les da un superávit y un balance positivo? Pues fácil, metiendo los prestamos que piden, hasta conseguir un superávit ficticio, que no es real, porque los préstamos son deuda, y eso lo entiende cualquiera”.
El portavoz del Grupo Socialista se ha mostrado muy crítico con el hecho de que la bancarrota económica y la incapacidad de gestión se unan, en este caso, a otro objetivo del PP: el de “deteriorar y devaluar los servicios públicos, los servicios que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, para convertirlos en negocios privados”.
“Estamos ante el gobierno municipal de la sumisión a las empresas concesionarias y los canon regalados, con planes de empleo que se presupuestan y no ejecutan, y de los que se tienen que devolver importes… Ésa es su liquidación de presupuestos”, ha criticado Fernández, recordando también que “quedan pocos proveedores que quieran trabajar para este Ayuntamiento por las dificultades que tienen para cobrar, por eso piden el pago por adelantado, porque no se fían, mientras el gobierno municipal del PP se empeña en abusar de la fórmula de pagos a justificar, que debería ser sólo para gastos extraordinarios”.
Lamentando que desde el equipo de gobierno se vuelva a utilizar a los funcionarios como “parapeto” para no responsabilizarse de sus decisiones políticas, el portavoz socialista ha insistido en que “la liquidación de los presupuestos que presenta Landaluce define su gestión: incumplimientos, mentiras y engaños, deuda descontrolada, morosidad, subida de impuestos como el de la grúa, de un 25%, concursos desiertos y convalidaciones y transferencias de crédito a mansalva”, entre otros despropósitos, en una ciudad con serios problemas de limpieza, de transporte público, de falta de policías locales y con gastos desproporcionados en publicidad y propaganda.
Las mociones sobre más asfaltado y mejor sanidad, rechazadas por el PP
En el apartado de mociones, el Grupo Socialista presentaba dos, una por la que pedía la puesta en marcha de un plan municipal de asfaltado que permitiera ampliar las obras iniciadas con los fondos de la Diputación, y otra para reivindicar mejoras en la Sanidad Pública. Ambas han sido rechazadas con los votos en contra del PP y sus socios de gobierno.
Tras instar al Ayuntamiento a la creación de un Plan de Asfaltado dotado de la misma cuantía que el Plan Dipu-Inver, 900.000 euros, Fran Fernández recordó el caso de las calle Hortensia, una de las “olvidadas” por el gobierno municipal, y pidió a Landaluce que “deje de colgarse medallas de obras que llevan a cabo organismos supramunicipales y realmente ejecute los proyectos que promete y se quedan sobre el papel”.
Asimismo, el portavoz municipal se mostró muy crítico porque se hayan quedado fuera, a elección de Ayuntamiento, y sin contar con la opinión ciudadana, calles que lo necesitaban con más urgencia, por estar en peores condiciones que algunas de las que se están asfaltando, aunque sean menos céntricas. «Este ha sido el mandato de las barriadas olvidadas”, lamentó el edil, recordando que “la salud democrática de una ciudad viene determinada por la participación de los ciudadanos y la de los partidos de la oposición, y no por repartir pulseras y folletos».
La segunda moción del PSOE debatida en el pleno instaba a exigir a la Junta de Andalucía a dejar sin efecto la «Orden de 23 de febrero de 2023», que abre las puertas a la privatización de la Atención Primaria; y la puesta en marcha de un plan de choque para su refuerzo.
Según ha defendido el viceportavoz Fernando Silva, “estamos ante un retroceso de la Sanidad Pública en Andalucía. Los andaluces pagaremos a través del presupuesto público desde 65 euros hasta 215 por consulta a empresas privadas sanitarias, dependiendo del tipo de consulta de Atención Primaria, y las citas con el médico de cabecera se producen de 10 a 15 días después de pedirlas”.
En la moción se pedía solicitar refuerzos médicos y de enfermería para que la demora sea de tres días máximo, así como menos burocracia y protocolos en las derivaciones para hacer inter-consultas con especialistas, y también inversiones “reales” en los centros sanitarios que más lo necesitan, como los de La Bajadilla o el de El Cobre.
